LA DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS EN EL SIGLO XVIII (II)

Dos años más tarde tiene lugar un suceso que va a obligar de nuevo a los zalameños a defender por segunda vez los privilegios otorgados por Felipe II. Ocurre cuando en 1738, Felipe V, comisiona a Don Francisco Caro de la Barrera para la provincia de Extremadura, partido de Aracena y campo del Andévalo con el fin de que delimitara todos los terrenos baldíos y por tanto propiedad real. LLegado a Zalamea, este hombre al encontrar gran cantidad de tierras si dueño conocido las declara baldías y pertenecientes a la corona. Se trataba de las dehesas y terrenos propiedad del común de los vecinos, que alcanzaban a un total de 70 fincas tasadas en 68.000 reales de vellón, privando al pueblo de sus recursos económicos. El alcalde ordinario en aquel momento, Alonso Pérez de León Serrano, acompañado y aconsejado del ya mencionado Esteban Márquez, se presenta ante el citado juez de comisión para protestar por su decisión alegando los reales privilegios por los que la villa había sido redimida pagando por ello a Felipe II. El comisionado consideró insuficiente tal prueba y dio al concejo dos días de plazo para presentar mejores muestras de su propiedad , Alonso Pérez de León hace caso omiso de las indicaciones de don Francisco Caro que declaró, por lo tanto, en rebeldía a Zalamea, condenándole a pagar 50 ducados de multa. El alcalde se dirige directamente al rey presentando la carta de venta otorgada por Felipe II, pidiendo además, se condenase a dicho juez a pagar los costes y gastos de la causa. Aunque esta última pretensión no fue aceptada si se le reconoció a Zalamea la propiedad de sus tierras y el pleno disfrute de ellas. Alonso Pérez de León, además de compartir con él nombre y título, había hecho gala del mismo valor que ya mostrase su antecesor en el cargo 150 años antes, en presencia de otro juez comisionado del rey. 

            La tercera ocasión en la que nuestro pueblo tiene que defender sus privilegios frente a una nueva violación de los mismos fue cuando se produjo la concesión de los derechos de explotación de las olvidadas minas de Riotinto, por entonces en el término municipal de Zalamea, a nombre de Liebert Wolters. A diferencia de las anteriores esta vez no tendría tanto éxito en la defensa de sus derechos. 

Todo comienza cuando 1725, el gobierno de Felipe V concede una autorización para reabrir las minas de Riotinto que permanecían inactivas desde la época musulmana. Se formó la compañía y asiento  de las minas de Guadalcanal, Cazalla, Aracena, Galaroza y Riotinto, encabezada por el sueco Liebert Wolters. Este hombre se presenta en ellas y procede a limpiar la zona de explotación. Esto no agradó a los vecinos de Zalamea que consideraron que aquel permiso era una intromisión en su jurisdicción conforme a los términos que establecía los privilegios de 1592, máxime cuando aún no se había terminado de pagar la deuda que se había contraído por la compra de todo el término.  Así pues los zalameños se opusieron  a las actividades de este hombre aunque aún desconocían el alcance y la envergadura del proceso que acababa de iniciarse. En aquel momento sólo entendían que alguien estaba hurgando en sus propiedades con un permiso que contravenía los derechos jurisdiccionales que les habían otorgado.  De esta manera se iniciaba la tercera batalla por la defensa de sus privilegios.

 

Manuel Domínguez Cornejo           Antonio Domínguez Pérez de León