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LA DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS DE ZALAMEA EN EL SIGLO XVIII (I)

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Desde 1592 Zalamea tenía una especie de autogobierno en virtud de una carta de Privilegios otorgada por Felipe II en ese año plasmada en un documento denominado Libro de los Privilegios que afortunadamente aún se conserva en el archivo municipal. (pulsar aquí para ver artículos sobre el Libro de los Privilegios I - II - III) En los inicios del siglo XVIII se sucedieron una serie de irregularidades tanto  en la elección como  en la actuación de los alcaldes ordinarias que provocan que el superintendente general de Sevilla, recordemos en esta época el pueblo pertenecía a la división administrativa de esa capital andaluza, envíe en 1723 un comisario de guerra para impedir las elecciones que debían tener lugar para nombrar a nuestros capitulares; a renglón seguido es enviado Don José Barrera Velarde para proceder a retirar los Privilegios de Zalamea. Era una medida excesivamente drástica y fuera de lugar para solucionar los problemas; los alcaldes ordinarios actúan con rapidez y envían a la corte a Don Juan Hidalgo Rico con el libro de los Privilegios para protestar contra esta medida. Consecuencia de todo ello es la suspensión de los citados privilegios que Felipe II había otorgado a la villa para su autogobierno y el nombramiento de un alcalde mayor, cargo que se había suprimido en 1592. Fue designado para ello don Antonio de Molina y Oviedo. El pueblo protestó enérgicamente y aquella medida sólo consiguió empeorar la situación social. El alcalde mayor asumió la función de los alcaldes ordinarios, ejercía como juez civil y criminal, representaba al rey y obligaba al concejo a respetar las leyes generales y  a atender sus obligaciones tributarias, al tiempo que supervisaba la actuación de la corporación municipal y la elección de sus miembros. Elecciones que se siguieron celebrando aunque con cierta irregularidad. Sin embargo tenemos constancia de que existía bastante resistencia a su autoridad.

En 1725, Juan Antonio Molina y Oviedo presenta su dimisión y es sustituido por Pedro Antonio de Ocampo. El nuevo alcalde mayor se encuentra con la misma situación que había dejado el anterior; los miembros del cabildo se reúnen a espaldas suya  y toman decisiones al margen de su autoridad, no obstante interviene en las elecciones y en algunos casos las suspende prorrogando durante un año más a los anteriores cargos. El ambiente es bastante tenso aunque hay muestras de que en ocasiones el alcalde mayor se aviene a ejecutar determinadas decisiones del cabildo, quizá con la intención de ganarse su favor. A pesar de ello el concejo de Zalamea se sigue resistiendo y continúa pleiteando en la corte para que le sean devueltos los Privilegios otorgados por el rey Felipe II. El 1730 es nombrado otro alcalde mayor, se trata de don Cristóbal Bernardo de Amezúa que al año siguiente suspendió a los miembros del cabildo elegidos en Enero, sustituyéndolos por otros nombrados directamente por él. Los nuevos aceptan a regañadientes, posiblemente por dos razones; una que la situación económica era mala y el cargo no le suponía ninguna ventaja y otra que aceptando por iniciativa propia suponía un desprestigio de cara al pueblo por encontrarse éste en una situación excepcional al estar los Privilegios secuestrados; y ello significaba acatar aquello por lo que el pueblo protestaba.

 Es de notar la actuación del escribano municipal Esteban Márquez que parece ser tenía una gran influencia y medraba en las decisiones del concejo y en las elecciones de los munícipes. Ese mismo año, 1730, los capitulares depuestos tuvieron que ser restituidos en sus cargos al prosperar la protesta que estos presentaron en las Cortes.

En 1735, es nombrado otro alcalde mayor, cargo que recae en esta ocasión en Juan Moreno Vallejo. Sin embargo este hombre no estaría mucho tiempo; al año siguiente las protestas de los zalameños ante el rey dan su fruto y una real provisión fechada el 18 de Febrero de 1736, devuelve los privilegios a Zalamea y cesa al alcalde mayor, reconociendo de esta manera los derechos que nuestros antepasados habían adquirido en 1592. Curiosamente en ella se advierte al escribano Esteban Márquez que no fomente discordias entre los miembros del concejo. De esta forma el pueblo recupera su autogobierno y los alcaldes ordinarios vuelven a ejercer sus funciones con plenos poderes.

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