LA DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS DE ZALAMEA EN EL SIGLO XVIII (III)

Walters muere dos años más tarde y deja sus derechos de explotación en herencia a su sobrino Samuel Tiquet. Entonces, comenzando el año 1727, se persona en las minas el alcalde mayor, que en ese momento por razones que ya hemos explicado había en Zalamea, Pedro Antonio de Ocampo, acompañado por miembros de la corporación que le habían presionado para ello y procede a inventariar y a embargar los bienes de la explotación, paralizando las labores. Tiquete protesta contra esta acción ante el  Consejo de Hacienda y cuatro meses más tarde, éste ordena levantar el embargo y advierte a la corporación municipal que se abstuviera de causar molestias en las tareas de la compañía. Para los zalameños fue difícil de entender esta decisión, pero para la nueva administración de los Borbones, las minas eran propiedad de la corona por encima de cualquier privilegio que pudiera existir. Sin embargo los enfrentamientos no habían hecho más que empezar. Los alcaldes de Zalamea, una vez recuperados sus  plenos poderes cuando se suprimió el cargo de alcalde mayor, siguieron obstaculizando los trabajos, alegando los tantas veces mencionados Privilegios, así en 1742, el alcalde Francisco Lancha fue retenido por los operario de las minas con el fin de amedrentarlo, hecho tras el cual huyeron de las minas por miedo a posibles represalias.

 En 1758 obtiene la concesión de las minas Francisco Tomás Sanz, originario de Valencia, que da un nuevo impulso a la explotación, lo que hizo que se requiriera gran cantidad de madera tanto para las estibaciones como para la calcinación  del mineral. Esta madera se obtenía de la tala de las dehesas del término lo que venía a plantear un problema añadido por la deforestación que causaba. Dada la importancia que la explotación agropecuaria de estas dehesas, propiedad del común, tenía para la economía de nuestros antepasados, la reacción fue inmediata; se plantearon numerosos contenciosos entre las minas y el pueblo por este  punto. Los enfrentamientos entre el administrador  y Zalamea llegaron a alcanzar momentos álgidos hasta el punto de que parece ser algunos vecinos de nuestro pueblo llegaron a atentar contra la vida de Sanz. En un principio prevalecieron los derechos jurisdiccionales de los zalameños sobre la zona arbolada y los terrenos adyacentes, que formaban parte del entonces término municipal de la villa, aunque diversas disposiciones obligaban a proveer de leñas a las minas, disposiciones que la autoridades locales eran remisas a cumplir y para las que ponían toda clase de impedimentos. En este punto Sanz insistió en algo que ya había solicitado Tiquet en 1740, y se trataba de que el gobierno le delimitase una zona, limítrofe a las minas, y que quedase bajo la administración e su concesionario, sustrayéndola a la jurisdicción de Zalamea. En su petición incluía la zona de Argamasilla y El Escorial y que comprendía el bosque de la Dehesa, uno de los más ricos del término. El concejo de nuestro pueblo se opuso a esto enérgicamente y elevó como contrapartida una protesta por la destrucción del monte que estaba ocasionando Sanz. A pesar de estas circunstancias se producen intentos e aproximación por las dos partes. No hay que olvidar que uno de los promotores de la Vía Sacra en Zalamea, en 1776, fue Gabriel Alejandro Sanz, hermano del anterior y que en aquellos momentos ocupaba el cargo de director y contable  de las minas de Riotinto.

Al margen de las condiciones religiosas que pudiera tener este hombre y de los vínculos familiares que le unían con el pueblo, al estar casado con una zalameña, Feliciano García Beato, el que esto sucediera en ese momento crítico en las relaciones entre ambas partes nos hace sospechar que pudiera existir otras motivaciones  que no eran las estrictamente devotas.

Francisco Tomás Sanz se marcho 1783 sin haber conseguido su propósito de que se otorgara una zona bajo su administración. Su sucesor, Miguel de Aguirre, vuelve a plantear esta necesidad en términos más exigentes y así el 27 de Febrero de 1790 obtiene del gobierno de Carlos IV que se le adjudique el terreno que  se venía solicitando desde 50 años antes. En esta delimitación se incluía la zona de Argamasilla y El Escorial, castillo de Salomón y Pinares. De esta forma Zalamea se vió privada de una amplia zona de su término que antes era de disfrute de todos los vecinos, aunque hubo un acuerdo para el uso común de los pastos. Con este hecho se había iniciado lo que más tarde sería el fin de los privilegios de Zalamea. Nuestro pueblo había perdido la tercera gran batalla  que había librado en su defensa. Aunque ellos lo ignoraban en ese momento, se estaba poniendo de manifiesto que la carta de Privilegios otorgada por Felipe II ya no era un arma tan poderosa y que en un estado moderno estaba abocada a desaparecer.

 

Manuel Domínguez Cornejo         Antonio Domínguez Pérez de León