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Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2013.

LA DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS DE ZALAMEA EN EL SIGLO XVIII (I)

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Desde 1592 Zalamea tenía una especie de autogobierno en virtud de una carta de Privilegios otorgada por Felipe II en ese año plasmada en un documento denominado Libro de los Privilegios que afortunadamente aún se conserva en el archivo municipal. (pulsar aquí para ver artículos sobre el Libro de los Privilegios I - II - III) En los inicios del siglo XVIII se sucedieron una serie de irregularidades tanto  en la elección como  en la actuación de los alcaldes ordinarias que provocan que el superintendente general de Sevilla, recordemos en esta época el pueblo pertenecía a la división administrativa de esa capital andaluza, envíe en 1723 un comisario de guerra para impedir las elecciones que debían tener lugar para nombrar a nuestros capitulares; a renglón seguido es enviado Don José Barrera Velarde para proceder a retirar los Privilegios de Zalamea. Era una medida excesivamente drástica y fuera de lugar para solucionar los problemas; los alcaldes ordinarios actúan con rapidez y envían a la corte a Don Juan Hidalgo Rico con el libro de los Privilegios para protestar contra esta medida. Consecuencia de todo ello es la suspensión de los citados privilegios que Felipe II había otorgado a la villa para su autogobierno y el nombramiento de un alcalde mayor, cargo que se había suprimido en 1592. Fue designado para ello don Antonio de Molina y Oviedo. El pueblo protestó enérgicamente y aquella medida sólo consiguió empeorar la situación social. El alcalde mayor asumió la función de los alcaldes ordinarios, ejercía como juez civil y criminal, representaba al rey y obligaba al concejo a respetar las leyes generales y  a atender sus obligaciones tributarias, al tiempo que supervisaba la actuación de la corporación municipal y la elección de sus miembros. Elecciones que se siguieron celebrando aunque con cierta irregularidad. Sin embargo tenemos constancia de que existía bastante resistencia a su autoridad.

En 1725, Juan Antonio Molina y Oviedo presenta su dimisión y es sustituido por Pedro Antonio de Ocampo. El nuevo alcalde mayor se encuentra con la misma situación que había dejado el anterior; los miembros del cabildo se reúnen a espaldas suya  y toman decisiones al margen de su autoridad, no obstante interviene en las elecciones y en algunos casos las suspende prorrogando durante un año más a los anteriores cargos. El ambiente es bastante tenso aunque hay muestras de que en ocasiones el alcalde mayor se aviene a ejecutar determinadas decisiones del cabildo, quizá con la intención de ganarse su favor. A pesar de ello el concejo de Zalamea se sigue resistiendo y continúa pleiteando en la corte para que le sean devueltos los Privilegios otorgados por el rey Felipe II. El 1730 es nombrado otro alcalde mayor, se trata de don Cristóbal Bernardo de Amezúa que al año siguiente suspendió a los miembros del cabildo elegidos en Enero, sustituyéndolos por otros nombrados directamente por él. Los nuevos aceptan a regañadientes, posiblemente por dos razones; una que la situación económica era mala y el cargo no le suponía ninguna ventaja y otra que aceptando por iniciativa propia suponía un desprestigio de cara al pueblo por encontrarse éste en una situación excepcional al estar los Privilegios secuestrados; y ello significaba acatar aquello por lo que el pueblo protestaba.

 Es de notar la actuación del escribano municipal Esteban Márquez que parece ser tenía una gran influencia y medraba en las decisiones del concejo y en las elecciones de los munícipes. Ese mismo año, 1730, los capitulares depuestos tuvieron que ser restituidos en sus cargos al prosperar la protesta que estos presentaron en las Cortes.

En 1735, es nombrado otro alcalde mayor, cargo que recae en esta ocasión en Juan Moreno Vallejo. Sin embargo este hombre no estaría mucho tiempo; al año siguiente las protestas de los zalameños ante el rey dan su fruto y una real provisión fechada el 18 de Febrero de 1736, devuelve los privilegios a Zalamea y cesa al alcalde mayor, reconociendo de esta manera los derechos que nuestros antepasados habían adquirido en 1592. Curiosamente en ella se advierte al escribano Esteban Márquez que no fomente discordias entre los miembros del concejo. De esta forma el pueblo recupera su autogobierno y los alcaldes ordinarios vuelven a ejercer sus funciones con plenos poderes.

07/09/2013 14:00 mdc y adpdl Enlace permanente. Edad Moderna No hay comentarios. Comentar.

LA DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS EN EL SIGLO XVIII (II)

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Dos años más tarde tiene lugar un suceso que va a obligar de nuevo a los zalameños a defender por segunda vez los privilegios otorgados por Felipe II. Ocurre cuando en 1738, Felipe V, comisiona a Don Francisco Caro de la Barrera para la provincia de Extremadura, partido de Aracena y campo del Andévalo con el fin de que delimitara todos los terrenos baldíos y por tanto propiedad real. LLegado a Zalamea, este hombre al encontrar gran cantidad de tierras si dueño conocido las declara baldías y pertenecientes a la corona. Se trataba de las dehesas y terrenos propiedad del común de los vecinos, que alcanzaban a un total de 70 fincas tasadas en 68.000 reales de vellón, privando al pueblo de sus recursos económicos. El alcalde ordinario en aquel momento, Alonso Pérez de León Serrano, acompañado y aconsejado del ya mencionado Esteban Márquez, se presenta ante el citado juez de comisión para protestar por su decisión alegando los reales privilegios por los que la villa había sido redimida pagando por ello a Felipe II. El comisionado consideró insuficiente tal prueba y dio al concejo dos días de plazo para presentar mejores muestras de su propiedad , Alonso Pérez de León hace caso omiso de las indicaciones de don Francisco Caro que declaró, por lo tanto, en rebeldía a Zalamea, condenándole a pagar 50 ducados de multa. El alcalde se dirige directamente al rey presentando la carta de venta otorgada por Felipe II, pidiendo además, se condenase a dicho juez a pagar los costes y gastos de la causa. Aunque esta última pretensión no fue aceptada si se le reconoció a Zalamea la propiedad de sus tierras y el pleno disfrute de ellas. Alonso Pérez de León, además de compartir con él nombre y título, había hecho gala del mismo valor que ya mostrase su antecesor en el cargo 150 años antes, en presencia de otro juez comisionado del rey. 

            La tercera ocasión en la que nuestro pueblo tiene que defender sus privilegios frente a una nueva violación de los mismos fue cuando se produjo la concesión de los derechos de explotación de las olvidadas minas de Riotinto, por entonces en el término municipal de Zalamea, a nombre de Liebert Wolters. A diferencia de las anteriores esta vez no tendría tanto éxito en la defensa de sus derechos. 

Todo comienza cuando 1725, el gobierno de Felipe V concede una autorización para reabrir las minas de Riotinto que permanecían inactivas desde la época musulmana. Se formó la compañía y asiento  de las minas de Guadalcanal, Cazalla, Aracena, Galaroza y Riotinto, encabezada por el sueco Liebert Wolters. Este hombre se presenta en ellas y procede a limpiar la zona de explotación. Esto no agradó a los vecinos de Zalamea que consideraron que aquel permiso era una intromisión en su jurisdicción conforme a los términos que establecía los privilegios de 1592, máxime cuando aún no se había terminado de pagar la deuda que se había contraído por la compra de todo el término.  Así pues los zalameños se opusieron  a las actividades de este hombre aunque aún desconocían el alcance y la envergadura del proceso que acababa de iniciarse. En aquel momento sólo entendían que alguien estaba hurgando en sus propiedades con un permiso que contravenía los derechos jurisdiccionales que les habían otorgado.  De esta manera se iniciaba la tercera batalla por la defensa de sus privilegios.

 

Manuel Domínguez Cornejo           Antonio Domínguez Pérez de León

22/09/2013 14:37 mdc y adpdl Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

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